Hoy en día, gran parte de la humanidad tiene en sus manos los medios para conectar y conectarse alrededor del mundo. Conectarse con la familia, con las industrias del entretenimiento, las transmisiones de corporaciones, los estados y, de manera creciente, con organizaciones antisociales, como el Estado Islámico. Toda esta conectividad influye en cómo avanzamos hacia la justicia social, razón por la cual cualquier discusión pública debe incluir un debate serio sobre los medios y las infraestructuras de información que hacen posible el mundo conectado.
El proyecto de “poner al mundo en red” (como lo nombrara Armand Mattelart) tiene más de dos siglos. Tradicionalmente había sido un proyecto liderado por los estados, pero cada vez más se ha convertido en el dominio de grandes corporaciones mundiales como facebook, google y otras menos conocidas como las compañías chinas Tencent y Baidu. Así como el modelo económico neoliberal arraigado en el mercado y el consumo se ha venido expandiendo por todo el planeta a medida que coloniza cada vez más facetas de la vida cotidiana, así las lógicas corporativas vienen imponiéndose en nuestras plataformas mediáticas y digitales. Las fuerzas del mercado se han apropiado del diseño, la regulación y el mercadeo de las plataformas que usamos para conectarnos, para representar el mundo que nos rodea, para expresar nuestras opciones políticas o para forjar nuestras visiones de futuro. Y sin embargo estas instituciones corporativas persiguen una única meta: el lucro.
La historia de la expansión de las corporaciones mediáticas suele contarse en términos de libertades que se expanden y llegan a más y más rincones del planeta, asumiendo que el poder de conectarse se propaga de manera equitativa. Si analizamos a dónde y a quiénes han llegado estas libertades, la historia es más compleja y menos optimista. Hay inequidades profundas en el acceso básico a medios entre naciones y continentes. Si es verdad que las élites globales de hoy han alcanzado un alto nivel de conectividad, lo mismo no es cierto para quienes trabajan para ellas. Los sistemas mediáticos ofrecen recursos de comunicación extraordinarios a quienes se pueden comunicar en las lenguas de occidente, tienen todas sus capacidades físicas intactas y cuentan con un alto poder adquisitivo. En Colombia, una conexión doméstica a internet cuesta (945 pesos mexicanos) 20 por ciento por ciento del salario mínimo (4 mil 700 pesos mexicanos al mes) siendo inaccesible para una empleada doméstica. Su conectividad está limitada a comprar una tarjeta de prepago en la tienda de la esquina, la cual le permite un acceso precario a internet durante 48 horas, momento en que su crédito expira.
En el área de la producción mediática, las inequidades son aún mayores. Si es cierto que un teléfono inteligente le permite a un migrante ver y conocer el país que desea alcanzar, cuando migra no tiene la posibilidad de influir sobre cómo los medios lo van a representar a él y a su familia, ni su experiencia de llegada a ese nuevo lugar. Las representaciones mediáticas de los temas y problemas mundiales se articulan desde perspectivas y puntos de vista muy limitados. Nuestros sistemas mediáticos solo incluyen ciertas voces mientras que marginan muchas otras, especialmente las de personas de color, discapacitados, migrantes, mujeres, niñas. En Hollywood, por ejemplo, 96.6 por ciento de los directores de cine son hombres y solamente 7 por ciento de las películas incluyen un casting balanceado en cuestión racial. Por su lado, las plataformas digitales se desviven por encontrar aún otra manera de “seguir” a las élites. En general, los medios nos muestran una versión muy limitada del mundo, tal como lo viven unos cuantos. Una discusión pública sobre “el acceso a los medios” tiene que poner el dedo en la llaga: acceso no significa recibir contenidos; estar conectado implica tener la posibilidad de crear contenidos y la inclusión de voces diversas.
El pensar que las comunidades rurales, los pueblos indígenas y el sur global no están interesados en participar en los medios y en el mundo digital es un mito. Y sin embargo, las infraestructuras mediáticas actuales funcionan sin tener en cuenta a estos grandes sectores de la población. ¿Qué tal si las infraestructuras mediáticas y las plataformas digitales fueran diseñadas tomando en cuenta las diversas lenguas, las necesidades comunicacionales específicas y los recursos de estas comunidades? Los resultados pueden ser transformadores, como cuando la comunidad de Talea de Castro (en Oaxaca, México) diseña la Interfaz de Administración Rizomática, una interfaz gráfica para su propia red local de telefonía celular, una red diseñada específicamente para responder a las necesidades, recursos y lengua de esta comunidad.
A nivel de los sistemas que regulan y legislan los medios y las infraestructuras de la información, aparecen inequidades más sutiles pero igualmente poderosas. Organismos regulatorios nacionales y multinacionales de la era de los medios masivos luchan por adaptarse a la era de las tabletas y los teléfonos inteligentes. En estos tiempos donde la mayoría de los contenidos mediáticos viaja a través de dispositivos móviles y no de la radio, la televisión o la prensa, el poder de decidir lo que puede ser y no ser visto, por quién y cuándo, está más en manos de las corporaciones, y no de los estados. La regulación de las plataformas mediáticas y digitales es demasiado importante para que dejemos que sean unas cuantas entidades privadas quienes tomen las decisiones a puerta cerrada, decisiones que van a determinar los marcos regulatorios, las políticas de uso y transmisión y el diseño de las arquitecturas digitales. La transparencia y la participación de la sociedad civil deben ser los principios que guíen la gobernanza de las infraestructuras mediáticas y digitales, las políticas y los marcos regulatorios de internet.
Un aspecto crucial de esa discusión es la capacidad de vigilancia de internet, no solamente cuando compramos bienes o servicios en línea, sino también en interacciones sociales cotidianas. A medida que los flujos de comunicación se van haciendo más y más dependientes del internet, las corporaciones tienen más poder para convertir todos nuestros datos en algoritmos que instauran silenciosos procesos de discriminación entre consumidores y ciudadanos. A través de los datos que dejamos regados cada vez que nos conectamos, se construyen algoritmos que nos vigilan, cada paso que damos, cada interacción, cada gusto. Hasta la fecha es el sector privado quien más ha venido capitalizando estas formas de vigilancia; y sin embargo esta nueva habilidad de vigilar y modular profunda y secretamente el mundo social no escapa los radares de algunos gobiernos nacionales como es el caso de China, India y Estados Unidos.
No podemos negar que las nuevas infraestructuras mediática y digitales ofrecen enormes oportunidades a quienes luchan por la justicia social; los medios y las plataformas digitales abren nuevas formas para conectarse y actuar, y también para confrontar estas profundas inequidades que atraviesan las infraestructuras de la información. Proponemos dos principios para guiar esta lucha.
La primera condición para que los medios y las plataformas digitales puedan contribuir efectivamente al progreso y la justicia social, es que el acceso se defina no solo como acceso a contenidos, sino como la capacidad de participar en la producción y el desarrollo de contenidos mediáticos. El segundo principio es que las infraestructuras mediáticas y digitales son un bien común cuya gobernanza y diseño deben ser mucho más abiertas a la participación de la sociedad civil.
Ignorar estos principios implica una visión miope del mundo y del progreso social. Adoptar estos principios nos deja avanzar hacia una versión de justicia social más profunda, incluyente de las esperanzas de tantos pueblos largamente ignorados.
Nick Couldry y Clemencia Rodríguez (coordinadores del capítulo 13 del Panel Internacional por el Progreso Social: www.ipsp.org)
*Traducción: Claudia Magallanes Blanco y Clemencia Rodríguez